Por discriminación en perjuicio de los sinaloenses, fue denunciado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el candidato del PRI, Quirino Ordáz; Tras la promesa que hiciera el candidato de abrir una ventanilla de servicios públicos de atención exclusiva y preferencial para los militantes de su partido.
De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACION MOTIVADA POR ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS SEXUALES, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS”, por lo que el Partido Acción Nacional presentó la denuncia correspondiente, en defensa de la sociedad sinaloense.
“Nos parece totalmente racista el comentario, totalmente despreciable hacia el resto de la sociedad y en ese sentido vamos a tratar de que esto sea castigado; la Constitución protege los derechos de todos los mexicanos, de que tengamos las mismas garantías, las mismas condiciones y por supuesto, la misma posibilidad de acceder a los servicios que el gobierno está obligado a ofrecer de manera pareja para todos, imagínense si como candidato en campaña mencionó esto, ¿qué no podría hacer como gobernador?”, advirtió el líder del PAN en Sinaloa, Renán Barrera Concha.
Por su parte el Jurídico del Comité Directivo del PAN, Javier Castillón Quevedo, comentó que la denuncia que se presentó por la presunta comisión de actos discriminatorios en contra de los ciudadanos sinaloenses, dado que consideramos que el compromiso que realizó el candidato de Peña Nieto de brindar trato diferenciado rompe con el Estado de derecho, está haciendo ofrecimientos de un trato diferenciado a cambio de la emisión del voto a su favor y subrayó que Acción Nacional pugnará para que se castigue esta violación.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que cuentan con tres días para calificar y notificar si procede o no procede la queja, en base a la narrativa que hace el quejoso y una vez determinado se inicia la investigación.